Transparencia, acceso a la información y movimientos sociales

Fecha: octubre 06,2021 Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del INAI

El derecho de acceso a la información, reconocido en el artículo 6º de nuestra Carta Magna, es un derecho humano que permite el escrutinio de las actividades de los sujetos obligados, propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y es la llave para el conocimiento y ejercicio de otros derechos. Este derecho y la transparencia - tanto en su vertiente de obligación como en su vertiente de cualidad capaz de desarrollarse mucho más allá del mínimo establecido en la ley - son indispensables en un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado.

Ambos, permiten que las decisiones y acciones de las autoridades sean accesibles para cualquier persona y para sectores clave, como el de la sociedad civil, la academia o el periodístico. Estos sectores tienen un papel determinante en la construcción de conocimiento colectivo, difunden información que construye de capacidades, genera una participación consciente y un pluralismo social, sin el cual no podría funcionar una sociedad democrática.

Aunado a ello, la transparencia y el acceso a la información tienen una relación histórica con los movimientos sociales. Recordemos que nuestra primera ley en la materia, esto es, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene como antecedente un movimiento social liderado por el Grupo Oaxaca. Asimismo, la configuración del derecho de acceso a la información en los términos que hoy se encuentra reconocido en el texto constitucional y la redacción de la actual Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son también producto de un ejercicio inédito de colaboración entre sociedad civil y autoridades, en el que la movilización y la exigencia tuvieron un papel fundamental.

El vínculo entre el acceso a la información y la transparencia con los movimientos sociales también radica en que la información tiende a generar relaciones más equilibradas entre ciudadanas, ciudadanos y autoridades, así como entre grupos sociales. Así, la información es pieza clave del debate, la evaluación y la participación públicas tanto en asuntos cotidianos, como en los de más alta relevancia y tiene una alta interdependencia e impacto en el ejercicio de nuestros derechos. La información nos ayuda contrarrestar los poderes absolutos y, es por esto, que la transparencia y el acceso a la información son elementos irreductibles para el desarrollo y evolución de la democracia mexicana.

Con plena conciencia de lo anterior, y en cumplimiento a la encomienda de garantizar el derecho humano de acceso a la información, el entonces IFAI y actualmente el INAI se ha pronunciado en numerosos casos a favor de la apertura de información sobre violaciones a derechos humanos que nos han marcado como sociedad, los cuales ha tenido origen o han desencadenado importantes movilizaciones sociales.

Los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas y el hallazgo de fosas clandestinas son ejemplos de ello. Mediante las resoluciones RDA 0791/12 TER y RDA 2486/13 BIS, RDA 1924/14 y RRA 2233/19 se ha ordenado la entrega de información sobre la detención de integrantes de la policía del municipio de San Fernando, Tamaulipas, de documentos vinculados con la ubicación de restos pendientes de identificar de las fosas clandestinas localizadas en el mismo municipio en 2011; y de los montos pagados por indemnizaciones.

En el caso de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, destaca la resolución RDA 5151-14, en el cual se ordenó la entrega de la averiguación previa que hasta ese momento estaba integrada. Aunado a lo anterior, el INAI ha instruido la apertura de las declaraciones de los militares involucrados en los hechos; los documentos que dan cuenta de las actividades del personal militar del 27 Batallón de Infantería en días previos y posteriores a la desaparición de los 43 normalistas; fotografías y registros tomados a los estudiantes por el ejército, así como las bitácoras e informes de elementos de la SEDENA y la Policía Federal sobre el suceso.

Dichos casos, ejemplifican la relevancia de la transparencia y de la garantía del derecho de acceso a la información en el proceso de construcción de memoria y verdad, así como para acceder a la justicia.

La información y el conocimiento que se construye a partir de ésta nos empodera como sociedad, nos permite comprender nuestra historia y nuestro presente de manera más autónoma, así como más allá de las narrativas políticas o institucionales.

Es por ello, que desde octubre de 2016 existe el Proyecto Memoria y Verdad, por medio del cual buscamos promover el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de la sociedad mediante esta herramienta de producción de conocimiento público que permite a cualquier persona interesada, conocer los hechos, explorar la información disponible, formarse un juicio informado y promover la plena transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades con respecto al tratamiento de documentos públicos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos.

Este proyecto se enmarca en la colaboración de un grupo permanente integrado por la Oficina para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Este espacio cuenta con información de los casos conocidos como: Acteal, Aguas Blancas, Apatzingán, Atenco, Ayotzinapa 2011, Ayotzinapa 2014, Cadereyta, Campo Algodonero, El Halconazo, San Fernando 2010, San Fernando 2011, Guerra Sucia, Tlatelolco y Tlatlaya.

Durante el desarrollo del Proyecto, se observó que la información pública relacionada con los casos presentados en la plataforma se encontraba dispersa, o bien, era poco accesible, de baja calidad o incompleta, por lo que una vez identificados vacíos de información específicos, se realizó una nueva búsqueda exhaustiva, identificación y acopio de información complementaria.

Así, el objetivo de esta plataforma es la presentación de información de calidad y en datos abiertos de los casos anteriormente señalados, a partir de:


1. Solicitudes de acceso a la información;
2. Respuestas por parte de sujetos obligados a solicitudes de información;
3. Recursos de Revisión;
4. Resoluciones del Pleno del INAI;
5. Informes y procedimientos de organismos internacionales;
6. Informes elaborados por sociedad civil, y
7. Materiales multimedia como videos, fotografías audios e infografías.

Cada fuente informativa ha sido clasificada, sistematizada y analizada individualmente para su categorización por tipo de presunta violación y por temática. Lo anterior, ha hecho posible la construcción y carga de los contenidos que integran el Proyecto, el cual, consideramos, tiene el potencial de generar conocimiento público útil en una sociedad que demanda espacios para la recuperación y construcción de verdad y memoria colectiva en nuestro país.

La sociedad continúa su la lucha por involucrarse de manera cada vez más profunda en los asuntos públicos y tanto la transparencia como el acceso a la información han sido una importante herramienta que ha modificado la configuración de la movilización social en nuestro país para hacerla más contundente y de mayor alcance.

Como autoridades, el enfoque de la sociedad civil, sus ideas, sus capacidades técnicas y todo el trabajo que realizan en distintas agendas, son indispensables para cumplir con nuestra encomienda y para fortalecernos como democracia.

Los movimientos sociales y la causas que les dan origen nos marcan, dejan una huella en nuestra sociedad, son origen de nuestro presente, en muchas ocasiones surgen del dolor, son exigencia, pero también son esperanza y evidencia de la relevancia de acceder a información en condiciones de igualdad.

En los casos de violaciones a derechos humanos, el conocimiento colectivo fortalece los esquemas de exigencia, la observancia de los derechos humanos en México y permite la construcción de una memoria colectiva que reconoce a sus víctimas, les recuerda permanentemente y que busca prevenir la repetición de los hechos que las originaron.