Ejecuciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales
Ejecuciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales
Ejecuciones arbitrarias en México
Autor: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (@centroprodh)
Las ejecuciones arbitrarias, denominadas también sumarias o extrajudiciales por cometerse por acción directa de agentes estatales o bien con su aquiescencia u omisión, constituyen una de las violaciones graves a los derechos humanos que aquejan nuestro país. La mayor incidencia de estos hechos —hoy agravada— es una de las consecuencias de la llamada “guerra” contra las drogas, declarada así en 2006, y de la consecuente militarización de la seguridad pública. A su vez, es el origen de diversas violaciones más a los derechos humanos de las víctimas.
La magnitud de la situación del país frente a las ejecuciones arbitrarias ha originado que diversos organismos internacionales se hayan pronunciado al respecto. El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han coincidido y expresado su preocupación respecto de las causas, actores, modalidades, cifras y consecuencias de esta violación y la gravedad de la situación que la enmarca 1. El primero de ellos incluso dio cuenta en su informe de 2014 sobre México de la “impunidad sistemática y endémica” que alienta las violaciones al derecho a la vida.
Las ejecuciones ocurren en diversos contextos, como puede ser el de torturar hasta ocasionar la muerte o usar fuerza excesiva contra manifestantes, sin embargo, uno de los focos de atención que son de mayor interés hoy día es cuando las fuerzas de seguridad ejecutan y posteriormente el Estado, por diversos medios, da a conocer que las víctimas “eran delincuentes que murieron en un enfrentamiento”.
Al respecto, cifras oficiales2 demuestran que entre enero de 2007 y abril de 2014, en sucesos denominados “enfrentamientos”, 3,967 personas civiles y 209 militares murieron, es decir, una proporción aproximada de 19 civiles por 1 militar. Al respecto, la Secretaría de Marina reportó, entre 2012 y 2014, 140 enfrentamientos, en los que se registraron 296 civiles muertos y 14 marinos, es decir, 21.1 civiles fallecieron por cada marino muerto. No obstante lo anterior, al desglosar la información según enfrentamientos concretos, se advierte que el índice es de 64 a 1. De igual forma, según datos oficiales citados en los medios, la Policía Federal ha matado a más personas de las que haya detenido en enfrentamientos durante la presente administración.3
El modus operandi de estas ejecuciones incluye matar o “rematar” a personas heridas o ya rendidas sin justificación, en algunos casos aun sin que exista enfrentamiento. Posteriormente la escena del crimen es sellada, se impide acceso a las ambulancias, con la consecuencia de que los heridos pueden fallecer; en estos lapsos es frecuente que se “siembren” armas y que cambien los cuerpos de su lugar original, es decir, se alteran las escenas del crimen y las pruebas forenses no se recolectan debidamente. Asimismo se pudo documentar en un caso la existencia de una orden que señala como finalidad “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.4
Las víctimas de ejecución, así como los sobrevivientes, son constantemente estigmatizados, incluso sin que medie una investigación previa, sumándose así dos factores que revelan un patrón claro: la criminalización de las víctimas y el encubrimiento y falta de investigación de las ejecuciones inmediatamente después de haberse cometido. Resulta común que, después de un suceso de este tipo, se anuncie mediante boletines que fue resultado de un operativo exitoso donde se “abatieron delincuentes”5; adicionalmente, en muchos de los casos a las personas sobrevivientes de ejecuciones se les imputan delitos o se les revictimiza con tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el mejor de los casos, posteriores testimonios, peritajes y evidencias fotográficas podrían revelar que hubo ejecuciones, lo que apareja otro camino largo y sinuoso hacia la búsqueda de la verdad y justicia.
Los procesos de investigación sobre ejecuciones arbitrarias se encuentran plagados de obstáculos generados por los propios entes encargados de impulsarlas, como son la inacción para abrir nuevas líneas en la pesquisa, para recabar y aceptar datos de prueba, y la negación de permitir la participación de las víctimas, familiares y representantes en las investigaciones, al grado de impedir el acceso a los expedientes. La pasividad de los ministerios públicos o fiscalías para actuar ante las ejecuciones, falencias en cuestiones básicas del debido proceso y las deficiencias en la investigación obviando el empleo del Protocolo de Minnesota, por ejemplo, son factores que inciden en la persistencia de la impunidad.
Adicionalmente, la jurisdicción militar sigue siendo destino de investigaciones sobre ejecuciones donde están involucrados civiles. Lo anterior ha traído como consecuencia que —aun después de la reforma al Código Militar— se lleven procesos paralelos en la jurisdicción civil y en la militar, y que en ésta última se dicten sentencias.6
La suma de las falencias enunciadas provoca que la determinación y posterior sanción de los responsables inmediatos o materiales resulte entonces una meta muy lejana. Hablar de la determinación de responsabilidades de los superiores jerárquicos en México, es prácticamente inexistente, por lo que la impunidad es latente.
Los problemas que aquejan a nuestro país, como la delincuencia organizada, el narcotráfico, entre otros, no legitiman el empleo de la violencia institucional; el combate de los delitos no puede encontrar respuestas y vías en las violaciones a derechos humanos como es la ejecución arbitraria; por el contrario estos actos deben ser castigados, la existencia de sanciones por su comisión es el camino a la justicia, pero también un paso hacia la develación de la verdad hacia las víctimas y la sociedad.
1.-Ver Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, Misión a México, A/HRC/26/36/Add.1, 28 de abril de 2014. “México: Experto insta a las autoridades a considerar nuevas evidencias del caso Tlatlaya” Pronunciamiento del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, 6 de julio de 2015. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=32762#.V0cnSGM13bM Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, 7 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=S Informe de país, “Situación de los Derechos Humanos en México”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2015. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
2.-“Datos índice de letalidad”, solicitud respondida por la Sedena, Folio 0000700003715, 5 de marzo de 2015.
3.-El 22 de mayo de 2015, 43 personas (42 civiles y un policía federal) murieron tras una incursión de policías federales en un rancho donde presuntamente tenía su base una célula del crimen organizado. La disparidad en el número de muertos, así como materiales fotográficos y testimonios de lugareños reportados en la prensa apuntan hacia la presunta comisión de tortura y ejecuciones extrajudiciales, además de la manipulación de la escena y la siembra de armas a los cadáveres.
4.-El 2 de julio de 2015, mediante un informe, el Centro Prodh reveló un orden de relevo dirigida al teniente de infantería encargado de la tropa involucrada en la masacre de Tlatlaya, que incluye dicha disposición expresa.
5.-Ver http://aristeguinoticias.com/2210/mexico/cronologia-del-caso-tlatlaya-desde-el-30-de-junio-al-21-de-octubre/, https://radioinformaremosmexico.wordpress.com/tag/guerra-contra-el-narco/page/2/, http://2006-2012.semar.gob.mx/sala-prensa/comunicados-2011/1885-comunicado-de-prensa-276-2011.html
6.-El 14 de octubre de 2015, el juez sexto militar adscrito a la Primera Región Militar emitió sentencia de primera instancia por los hechos ocurridos en Tlatlaya en junio de 2014, donde 22 civiles perdieron la vida.
