Fecha: mayo 19,2015 Por: Juan Estrella C. (@cl_OjosAbiertos)
Este lunes se realizó el inicio de los trabajos con la participación de los comisionados Joel Salas Suárez, Areli Cano Guadiana y Patricia Kurczyn Villalobos, de la comisión de Gobierno Abierto del INAI, así como de los comisionados Eugenio Monterrey Chepov, Oscar Guerra Ford y Francisco Javier Acuña Llamas; además del director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Darío Ramírez.
El objetivo del proyecto, informó el INAI mediante un comunicado, es generar conocimiento público útil, que contribuya a construir memoria y verdad colectiva sobre el tema, con la participación y colaboración de autoridades competentes, la sociedad civil, la academia y distintos sectores.
Por su parte, Artículo 19 indicó que a través de este proyecto se busca difundir información de los casos de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en México desde 1960 a la fecha, tales como Tlatelolco, el Halconazo, la Guerra Sucia, Acteal, Campo Algodonero, Guardería ABC, Tlataya, entre otros.
“Este proyecto es un primer paso para la construcción de la verdad, para conocer la historia, para que las víctimas y familiares puedan acceder a la tan anhelada justicia y para garantizar que los hechos violentos del pasado no se vuelvan a repetir”. Asimismo, señala que “la información sobre hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad es de interés público y contribuye al desarrollo de instituciones más eficientes y democráticas. La verdad permite la reconciliación de las y los ciudadanos con sus instituciones”, señaló Darío Ramírez.
En el proyecto también participarán la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Defensoría para Usuarios de Archivos Públicos.
Así como las secretarías de Gobernación (Segob), Defensa Nacional y Marina; la Procuraduría General de la República, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Además de de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Open Society Foundation y la revista Emeequis.
Es de recordar que la Ley General de Transparencia, recientemente promulgada, establece en su artículo 5 que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.
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