Fecha: octubre 5,2015 Por: David Mora (@dmoravera)
Con 67 ponentes invitados, quince mesas, y cuatro días de conversaciones, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) celebra esta semana la transparencia en México. El eje que articulará las discusiones son los impactos, alcances y la aplicación de la Ley General de Transparencia. Los marcos de discusión abordarán su implementación, su relación con los sistemas anticorrupción, de archivos y las leyes de protección de datos; la facultad del Consejero Jurídico de impugnar resoluciones, dentro de otros temas.
Extrañamente, las mesas no abordarán un tema elemental: los usos de la Ley para la rendición de cuentas en casos de violaciones graves a derechos humanos. Escribo extrañamente en tanto es uno de los temas en los que el Instituto tiene, en la práctica, un claro espacio para demostrar los impactos y verdaderos alcances de la ley general. Explico por qué:
Días atrás, en Animal Político, con la firma de Arturo Ángel, se publicaron reportajes que desentrañan las investigaciones de la Procuraduría sobre “la noche más triste”, la del 26 de septiembre de 2014. En dos entregas, el periodista informó sobre presuntos actos de tortura contra detenidos claves, ciertos patrones en las capturas que harían caer éstas por su propio peso, el conocimiento de los hechos, casi en vivo, por parte del CISEN y otras prácticas viciadas del ministerio público, en particular los adscritos a la SEIDO, en el proceso de consignación.
Su fuente: algunos tomos, de los 85 en total que componen la averiguación previa (o las averiguaciones previas) de PGR, entregados en versión pública a Animal Político, como cumplimiento a una resolución del INAI.
Sin lugar a dudas, esta serie de reportajes relativiza la arraigada creencia en PGR que la publicidad de las investigaciones perjudica la conducción de las mismas. En otras palabras, las reservas absolutas, que celosamente defiende el ministerio público, pierden terreno cuando se llevan a la práctica y se comprueba que el daño que producen es significativamente menor al beneficio que obtenemos todos de conocer, por ejemplo, “verdades” emanadas de la tortura.
Asimismo, reportajes como los referidos quiebran definitivamente la noción de que el INAI no puede ordenar transparentar averiguaciones de hechos que no hayan sido calificadas anteriormente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como graves violaciones a derechos humanos. La CNDH continúa en su terreno sus investigaciones y la información que obtenemos gracias al INAI ha sido absolutamente inocua para ello –y en cualquier caso sólo las beneficiaría. Ni esbozos de la debacle constitucional que produce transparentar información en estos casos, como la que ha argumentado reiteradamente el titular de la Comisión.
No perdamos de vista que el sistema de justicia penal en México ha sido caldo de cultivo para prácticas violatorias de la integridad, el debido proceso y otros derechos humanos. El Poder Judicial, por sí solo, no ha estado en capacidad de controlarlo y el escrutinio público de este sistema ha sido limitado legal y materialmente. Si persiste el monopolio de la información en manos de las mismas autoridades que hacen parte del entramado, este escenario difícilmente cambiará.
En un Estado de derecho, como pretende ser el mexicano, el Poder Judicial juega un papel clave como contrapeso del Ejecutivo. Pero no debemos olvidar que el mexicano también es un Estado democrático –por lo menos formalmente. Por esto, todas las autoridades, Ejecutivo y Judicial incluidos, tienen que rendir cuentas en última instancia a la sociedad. La transparencia y el acceso a la información, ya se sabe, encarnan esta suposición, como canales constantes y concretos.
De regreso a los reportajes, las dos entregas nos dan pie, cuando menos, para preguntar: ¿El juez que recibió las consignaciones ordenó de oficio investigaciones por los presumibles actos de tortura, como es su obligación hacerlo? ¿Por qué la CNDH no denunció públicamente y en el debido momento la cerrazón de PGR a sus visitadores? ¿Cuánto conoció el CISEN antes y durante los eventos?
De regreso a la Semana Nacional de la Transparencia, si bien las violaciones graves no está en la agenda, este texto es un llamado a que en sus intervenciones las y los comisionados aplaudan el buen paso que su resolución significó, defiendan públicamente su capacidad para continuar este camino y señalen la imperiosa necesidad de desclasificar la información relacionada con todas las violaciones graves a derechos humanos.
* David Mora es Oficial adjunto del Proyecto de Derecho a la Verdad de ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica.
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