Descripción General

San Fernando 2011

Autor: Marcela Turati (@marcelaturati)

La masacre de migrantes, en San Fernando, Tamaulipas, no terminó el 23 de agosto de 2010, cuando fueron encontrados los cadáveres de los 72 extranjeros, la mayoría centroamericanos. Las intercepciones, interrogatorios, torturas, desapariciones y matanzas continuaron durante, al menos, ocho meses. La siguiente captura conocida de viajeros fue dos días después.

Hasta el 1 de abril de 2011, al menos 196 personas, la mayoría viajeros y migrantes mexicanos y centroamericanos, habían sido asesinadas en ese mismo municipio rico en gas natural, controlado por una célula del grupo criminal Los Zetas. Ese mes fueron halladas 196 osamentas en 47 fosas ubicadas en el mismo municipio. La mayoría correspondían a hombres que fueron interceptados en la misma carretera: la 101, camino obligado para llegar desde el sur del país a Matamoros o Reynosa.

Los asesinatos ocurrieron en un periodo de enfrentamientos entre Los Zetas y el grupo con el que estaban asociados, el Cártel del Golfo, que controlaba las ciudades fronterizas. En una dinámica de guerra como esa, para la célula criminal a cargo de San Fernando todos los viajeros resultaban sospechosos. En ese entonces había un rumor de que los sicarios reclutados por sus enemigos viajaban en autobuses hacia el norte.

En el contexto de la locura de la guerra, a la altura de San Fernando, el municipio bisagra que es la conexión con la frontera, si se quiere evitar dar un rodeo por Monterrey, un grupo interceptaba automóviles particulares y autobuses de líneas comerciales o rentadas por jornaleros, bajaba a los jóvenes que le parecían sospechosos de haber sido reclutados o de ser reclutables. Tener en el celular algún teléfono de Michoacán, de Matamoros o de “las plazas sospechosas”, o ser centroamericano, ocasionaba sentencia de muerte.

Aunque los familiares de las personas desaparecidas en San Fernando pusieron denuncias recurrentes y avisaron a las autoridades estatales y federales de lo que ocurría, éstas nunca advirtieron del embudo mortal en que se había convertido esa carretera. No previnieron a los viajeros para que dejaran de utilizar esa ruta. No actuaron para evitar más muertes. Fracasaron en su función de brindar seguridad a los ciudadanos.

Durante esos meses, pero especialmente en marzo de 2011, ocurrieron escalofriantes episodios en las terminales de Reynosa y de Matamoros, a donde llegaban autobuses con menos pasajeros que maletas. El equipaje que nadie recogía se apilaba en una oficina en espera de que aparecieran sus dueños. Todos callaron. El gobierno, las empresas, la prensa.

Los asesinos —jóvenes de no más de 30 años— operaron siempre con la anuencia y el apoyo de toda la corporación de seguridad pública municipal de San Fernando. Nunca se ha informado el papel que desempeñó durante esos tiempos de barbarie el alcalde Tomás Gloria Requena. Aún no queda claro por qué la Marina, la Policía Federal y el Ejército no intervinieron, a pesar de haber estado emplazados en la zona, especialmente desde la masacre de los 72 migrantes. Se desconoce el papel que tuvo el gobierno tamaulipeco y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La PGR no ha querido desclasificar la información que despejaría esas incógnitas.

Durante abril de 2011, peritos de la procuraduría tamaulipeca, apoyados por miembros del ejército, ubicaron 47 fosas clandestinas en ese municipio con, por lo menos, 196 cadáveres (las autoridades mexicanas señalan 193, los cables estadounidenses desclasificados mencionan 3 más). Al llegar a ese número de cuerpos, las autoridades mexicanas dejaron de excavar, aunque se sabía que había más fosas y más cuerpos. Así está consignada la nota en los cables estadounidenses, así lo supieron los periodistas presentes en el lugar.

Indiscriminadamente, sin criterio claro, los cadáveres fueron separados para evitar un escándalo político y no ahuyentar viajeros en Semana Santa, según reportes recibidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, desclasificados por la organización National Security Archive. Ahí comenzó la nueva tortura para las familias de las víctimas: 120 fueron enviados al Semefo (Instituto de Ciencias Forenses) de la Ciudad de México, posteriormente enterrados en el Panteón de Dolores; el resto se quedó en Tamaulipas, donde pronto fueron sepultados en el panteón municipal de Ciudad Victoria.

Las familias que dejaron sus muestras genéticas a la PGR para que las contrastara con los cadáveres encontrados, se quedaron sin hacer la confrontación con todos los cuerpos; lo mismo ocurrió con quienes dieron muestras los primeros días a las autoridades estatales.

En las identificaciones se cometieron errores: separación de los cuerpos de un mismo suceso en distintos estados; toma de decisiones según criterios políticos; tomas de ADN mal realizadas; enterramiento de cadáveres sin haber agotado pruebas; retraso en identificaciones; pérdida de restos; entrega errónea de cuerpos. Al menos 9 cadáveres fueron calcinados. De ellos, nunca podrá conocerse la identidad.

De los responsables se sabe poco. El caso que en la jerga oficial es conocido como “San Fernando 2”, y en la prensa como “las narcofosas de San Fernando”, ha sido muchas veces confundido con el de los 72 migrantes. A los asesinos se les presentó como los perpetradores de ambas masacres. No se ha diferenciado qué papel jugaron en cada episodio. El gobierno no ha querido transparentar las investigaciones judiciales y los juicios que se llevan a cabo.

Desde el inicio, la PGR informó que policías municipales daban protección a Los Zetas para que cometieran sus crímenes. Sin embargo, ha habido contradicciones con el número: en algunos casos mencionó a 18, en otros 17, a veces la corporación entera. No se sabe cuántos siguen encarcelados.

Los cuerpos siguen en proceso de identificación y entrega.

Tampoco se ha informado de manera oficial de los resultados del Convenio Forense que entró en vigor el 4 de septiembre de 2013, firmado entre la PGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense y organizaciones representantes de víctimas de México, El Salvador, Honduras y Guatemala, que ha ayudado a identificar cuerpos enviados a fosas comunes. No se ha informado oficialmente de cuántos cuerpos han sido devueltos a sus familias y de las deficiencias forenses. Tampoco hay responsables. La tortura continúa.

¿Qué es el derecho de acceso a la información?

La siguiente base de datos en formato excel contiene las solicitudes de acceso a la información relacionadas con el caso San Fernando 2011. La base de datos se obtuvo de los registros que alberga la Plataforma Nacional de Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/) a través de una búsqueda con los siguientes criterios: 1) Palabras clave “San Fernando” y “2011”, 2) Periodo de búsqueda: Del 12 de junio de 2003 al 15 de marzo de 2022.