El 19 de agosto de 1977, elementos de la Dirección Federal de Seguridad y Judicial del estado de Sinaloa irrumpieron en el domicilio donde vivía con mi esposo. A él lo acribillaron; a mí me llevaron, junto con la señora que nos rentaba el lugar, a la Novena Zona Militar para seguir con el interrogatorio y la tortura. A pesar de tener ocho meses de embarazo, me golpearon y patearon con saña. Di a luz cuarenta días después, en una casa de seguridad en condiciones infrahumanas; un soldado puso el cañón de su metralleta en la cabeza de mi hijo recién nacido y amenazaba con matarlo porque, según él, sería un guerrillero como su padre. Ninguno de los detenidos, amarrados y vendados, creímos salir con vida de ahí.
Mi nombre es Martha Alicia Camacho Loaiza. Me considero una mujer afortunada. Nací en Culiacán, Sinaloa, el 30 de octubre de 1955. Pertenezco a una familia numerosa. Recibí mi educación básica en un colegio particular de monjas, lo que muestra la orientación católica que mi madre quiso inculcarnos a sus siete hijas; los cinco varones podían optar por una escuela pública. Crecí sin muchas preocupaciones ni conciencia de clase hasta la preparatoria, cuando uno de mis compañeros me llamó “pequeña burguesa”, señalando mis zapatos. Debido a las transformaciones que el movimiento estudiantil impulsó en la Universidad Autónoma de Sinaloa durante la década de los setenta, la preparatoria era un espacio donde los jóvenes analizaban las condiciones político-sociales del país. Pronto me sumé al comité de lucha como simpatizante, para descubrir las situaciones de miseria que vivían las personas del campo y de la ciudad. Poco después me enamoré y me casé con José Manuel Alapizco, el mismo compañero que se había burlado de mis zapatos, el mismo que años después caería a manos de la Dirección Federal de Seguridad.
La Liga Comunista 23 de Septiembre, al igual que otros grupos afines, la formamos personas que optamos por modificar las condiciones políticas del país recurriendo a las armas. El motivo de confrontación contra el Estado ha sido la desigualdad económica; la riqueza concentrada en manos de unos pocos mientras existe un gran número de personas que viven en pobreza extrema. Así, la mayoría de las organizaciones guerrilleras nacen como manifestación del rencor social hacia el régimen establecido; por eso tienen un carácter anticapitalista y antiimperialista. Surgen luego de agotar las vías pacíficas para lograr algún cambio. La misión de estos grupos, nuestros grupos, era acelerar la crisis en un sistema envilecido e insensible, mostrar a la población, por medio de las armas, que la alternativa revolucionaria es la última instancia, alentarla a organizarse y combatir.
Los movimientos guerrilleros en México, como en muchos otros países de África, Asia y América Latina, tienen bases históricas y una función concreta. Surgen y se expanden tras un arduo y cansado trabajo político de concientización y adiestramiento militar. Muchos de los integrantes primero fuimos estudiantes que, al calor de la época en la que vivíamos, comprendimos, veíamos con el enfoque de la lupa marxista-leninista la raíz de los problemas económicos y sociales. Principalmente aprendimos que la sociedad en la que vivimos tiene una estructura clasista, compuesta por explotados y explotadores; por privilegiados y olvidados.
De este modo, creíamos que mediante el trabajo de guerrilla la población civil se desprendería sistemáticamente de las ideas políticas, jurídicas e ideológicas que le incrustaba la estructura del Estado, hasta transformar su conciencia para contribuir directamente en la transformación social.
Sabíamos de antemano que la actividad guerrillera ponía en riesgo nuestra vida. En respuesta a nuestra actividad combatiente, el Estado lanzó un ataque militarizado de aniquilación sistemática en contra de quienes integrábamos el movimiento. Este ataque implicaba desprestigio, torturas, encarcelamiento, asesinatos y desapariciones forzadas. A algunos los encerró en cárceles clandestinas para torturarlos hasta la muerte; a otros los desapareció dejando a sus familias en la completa incertidumbre, ya que resulta más doloroso no saber si la persona desaparecida vive o no, sin guardar luto ni tener un espacio donde honrarlo o manera de despedirlo.
Me considero afortunada porque fui de las pocas personas que salió con vida y con mi hijo vivo gracias a un monto que mi padre pagó a modo de rescate. Sin embargo, la tortura psicológica continuó mediante amenazas por teléfono, autos que rondaban por la casa o mensajes hostiles hechos con palabras recortadas de periódicos. Quizá la certeza de que mi esposo fue abatido a tiros permitió que no me invadiera el dolor o la ambigüedad desquiciante que provoca la pérdida de identidad de cada miembro de la familia. De hecho, la incertidumbre de si estará vivo o no genera que los integrantes de la familia no puedan determinar su presencia, ausencia o muerte. No fue mi caso.
Años después, luego de experiencias que me enseñaron que el Estado obra con los desaparecidos suprimiendo todo registro y borrando cualquier evidencia que lo comprometiera ante la opinión pública, me vinculé estrechamente con la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa y con organismos de derechos humanos. Soy testigo de las detenciones forzadas que se practicaron en Sinaloa; estuve en el mismo sitio donde estaban sus hijos desaparecidos y he dado testimonio de la barbarie y de los métodos tan sucios de los que el Estado se valió, echando mano del Ejército, contra jóvenes de 15 y 16 años de edad.
Sigo en pie de lucha, con un nudo en la garganta cada que escucho a las madres con hijos desaparecidos concebir fantasías angustiantes sobre los padecimientos que sus hijos posiblemente tienen o tuvieron. Todo esto les origina enfermedades, fatiga, pensamientos de tortura y de muerte o ilusiones de reencuentro. En pocos años quedan muy lastimadas emocionalmente, confundidas y cansadas por toda la energía que pierden en tratar de entender la situación; por los discursos engañosos y las promesas del gobernador o presidente en turno. Los casos de hijos, hermanos o pareja del desaparecido presentan problemas emocionales y de adaptación, depresiones, nerviosismo, ansiedad, insomnio y hasta aislamiento. Muchas de estas personas ya no están con nosotros, murieron con la viva esperanza de abrazar de nuevo a sus hijos.
Mi deuda histórica ha sido servir de testigo de la actividad criminal del Estado hacia una parte de la población civil; registrar las historias de vida de cada una de las madres y su interminable búsqueda: reivindicar la identidad histórica de los desaparecidos; insistir en que los crímenes imprescriptibles de lesa humanidad cometidos por el Estado exigen que los responsables sean llevados a juicio, se les castigue y se respeten los límites que establece el estado de derecho para que no vuelvan a repetirse, y exigir la presentación de los desaparecidos y reparación del daño moral, psicológico y colateral de los familiares.
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