Descripción General

Ayotzinapa 2014

Autor: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (@centroprodh)

La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, fueron objeto de un ataque y posteriormente desaparecidos por policías municipales de Iguala, Cocula y probablemente de Huitzuco, en una acción conjunta que incluyó policías federales. En los mismos hechos, tres estudiantes normalistas fueron privados de la vida y dos más fueron heridos gravemente, uno de los cuales permanece en estado de mínima conciencia. Se calcula que hubo 180 víctimas directas de los ataques y al menos 700 víctimas indirectas, entre normalistas, personas que simplemente transitaban cerca de los hechos y un equipo de futbol llamado “los avispones”.

Esta grave violación a los derechos humanos ocurrió en un contexto de connivencia entre el poder público y la delincuencia organizada, debido a que, de acuerdo con la información disponible, en la desaparición forzada participaron de forma activa policías municipales y miembros de un grupo delincuencial; no obstante, las responsabilidades que pudieran tener policías estatales y federales, y miembros del ejército por acción u omisión en la desaparición de los estudiantes no han sido esclarecidas, a pesar de que existen indicios de que estuvieron presentes el día de los hechos.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas puso de manifiesto la grave crisis de derechos humanos que vive México en diferentes ámbitos. Asimismo, hizo que la sociedad mexicana e internacional pusiera especial atención en el fenómeno de la desaparición de personas que, de acuerdo con cifras oficiales, asciende a más de 27,000 personas en el país en los últimos nueve años. Tan sólo en Iguala se han registrado más de 300 denuncias de personas desaparecidas.

La indignación frente a estos hechos es masiva, al igual que las desapariciones en nuestro país. Es masiva por la vida de los normalistas y por el hecho mismo de la desaparición, pero también porque son jóvenes, estudiantes, futuros profesores rurales, muchachos provenientes de regiones con rezago social; también es masiva por las aspiraciones de los estudiantes normalistas: ser agentes de transformación social. Esa indignación se tradujo en manifestaciones multitudinarias que acompañaron a la incesante exigencia de verdad y justicia de las familias —principalmente padres y madres— de los estudiantes desaparecidos, quienes dejaron todo para dedicarse por completo a la búsqueda de sus hijos.

En ese sentido, ante la incapacidad del sistema de justicia mexicano de dar respuestas, se hizo patente la necesidad de la asistencia y el escrutinio internacional. De este modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 4 de octubre de 2014 dictó medidas cautelares a través de las cuales solicitó al Estado mexicano —inter alia—: “ […] determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”. Gracias a esta determinación de la CIDH pero, sobre todo, como resultado de la incansable movilización de las familias y de su capacidad para generar con el apoyo de sus representantes —el Centro Prodh y la organización Tlachinollan— propuestas inéditas de supervisión internacional, el Estado mexicano se vio orillado a permitir que un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) supervisara en tiempo real y sobre el terreno la investigación que se inició después de la desaparición. Dicho Grupo tuvo como encargo revisar los planes de búsqueda de las personas desaparecidas, realizar un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y supervisar el plan de atención integral a las víctimas; asimismo, se le facultó para proponer las medidas estructurales necesarias a adoptarse a efecto de revertir el grave fenómeno de las desapariciones en México.

El GIEI desarrolló su mandato durante 13 meses, en los que realizó importantes contribuciones, específicamente: develó que la versión ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas no tenía base científica; impulsó diversas líneas de investigación proponiendo el desahogo de 900 pruebas; profundizó en el análisis de telefonía tanto de víctimas como de victimarios; señaló el traslado transnacional de estupefacientes como un posible móvil para explicar la masividad del ataque contra los estudiantes y la acción coordinada entre autoridades y crimen organizado, y develó los claros indicios de tortura que varios de los detenidos presentaron. Además, el GIEI recomendó y dio seguimiento para que la investigación sobre los hechos fuera trasladada desde la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC).

Por otra parte, en el rubro de búsquedas, el GIEI participó en un total de 25 exploraciones y 9 búsquedas; recomendó la compra de tecnología láser LIDAR para identificar perturbaciones en el terreno y también sugirió actualizar el mapa de fosas de cadáveres en Iguala a partir de la investigación de otras desapariciones ocurridas en la zona. Esencialmente, recalcó la necesidad de no interrumpir las diligencias de búsqueda debido a que los 43 estudiantes siguen desaparecidos. Asimismo, contribuyó a reestablecer el diálogo entre autoridades y víctimas, el cual se encontraba suspendido debido a la postura pública gubernamental que afirmaba que la investigación estaba casi concluida, así como por los constantes cambios en los interlocutores y por la deficiente atención a las víctimas. Por otro lado, el GIEI recomendó una serie de medidas a adoptar a fin de fortalecer la atención integral a víctimas en el país. Y, finalmente, como resultado de la detección de falencias estructurales en la investigación respecto a las violaciones graves a derechos humanos que se cometieron y en las políticas públicas de atención a las desapariciones, logró delinear el planteamiento de transformaciones que México requiere para revertir la impunidad generalizada.

Pero más allá de cumplir con los extremos de las medidas cautelares, el GIEI tuvo un impacto público sin precedentes, al contribuir a ampliar los tradicionales límites de la discusión pública sobre derechos humanos en México. Por ello, diversos analistas nacionales e internacionales han señalado que el GIEI es una de las más relevantes iniciativas en materia de derechos humanos, de los años recientes.

Lamentablemente, aunque el paradero de los estudiantes no ha sido determinado, el Estado mexicano —de acuerdo con la CIDH— no generó las condiciones mínimas indispensables para que el GIEI continuara con su invaluable labor. A casi dos años de los hechos, el móvil que causó esta grave violación a los derechos humanos no ha sido esclarecido; no se ha investigado a todos los responsables y, lo que es más preocupante, los 43 estudiantes normalistas continúan desaparecidos.

Por lo anterior, la importancia de la investigación seria e independiente que se realice sobre las denuncias de tortura de varios de los detenidos es innegable, principalmente porque en sus declaraciones se basa la versión oficial difundida por la PGR de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Por ello, la confirmación de que autoridades federales perpetraron el delito de tortura contra detenidos en el caso confirmaría la urgencia de reenfocar la investigación para llevar a cabo una búsqueda en otras líneas e iniciar una investigación interna de funcionarios de la PGR para deslindar su participación en diversos delitos asociados con una deficiente integración de una de las averiguaciones previas más importantes de los últimos años en México.

Por otro lado, es indispensable también la concreción de mecanismos de seguimiento a las recomendaciones del GIEI. Justamente, ésta es una de las demandas centrales de las familias, que siguen en su incansable búsqueda de justicia y verdad.

¿Qué es el derecho de acceso a la información?