Descripción General

Ayotzinapa 2011

Autor: Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan (@Tlachinollan)

Al ser cuestionado por la prensa sobre la violenta represión a la protesta social de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el ex Subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, General Ramón Miguel Arriola Ibarra, respondió: “El gobernador me ordenó limpiar la carretera y la carretera está limpia”.

La respuesta, tan contundente como atroz, pone en evidencia la naturaleza y los alcances del modo en que el Gobierno del Estado de Guerrero, respaldado en todo momento por las corporaciones federales con presencia en la entidad, se enfrentó a la protesta de los normalistas rurales de Ayotzinapa del 12 de diciembre de 2011. El impacto de la represión de esa manifestación en los derechos humanos no tenía un precedente en años recientes: dos jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente; tres jóvenes fueron heridos por impactos de proyectil de arma de fuego; 24 personas fueron privadas arbitrariamente de la libertad; un estudiante fue torturado y otros seis víctimas recibieron tratos crueles, degradantes e inhumanos. A pesar de ello, la repercusión de la falta de investigación, sanción y medidas de no repetición ante estos hechos ha sido mayor, pues ha consolidado la impunidad en el estado.

Cómo empezó todo

Ante la falta de respuesta a diversas solicitudes de audiencia con el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, para continuar con el diálogo establecido entre el Comité Estudiantil de la Normal Rural y el gobierno del estado para dar respuesta al pliego petitorio de los estudiantes que incluía el alza a las dietas, becas estudiantiles y otros beneficios de los 500 estudiantes internados en la Normal, así como el acceso a materiales didácticos; la mañana del 12 de diciembre de 2011 cerca de 300 estudiantes de entre 18 y 21 años de edad de la Escuela Normal de Ayotzinapa se movilizaron hasta llegar a la carretera federal número 95, conocida como Autopista del Sol, y bloquearon la circulación de ambos sentidos de la carretera a la altura del conocido hotel “Parador del Marqués” .

La respuesta fue el despliegue de la fuerza pública. Al poco tiempo de haberse instalado el bloqueo, sin que previamente se priorizaran o agotaran canales de diálogo político, aparecieron en el sitio elementos de la Policía Federal Preventiva portando armas largas; minutos después llegaron policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, encabezados por el Subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, General Ramón Miguel Arriola Ibarra. También se encontraba ahí Moisés Alcaraz, Director de Gobierno de la Secretaría de Gobierno del Estado.

Los elementos de las fuerzas policiales empezaron a repeler la manifestación con uso de gases lacrimógenos y con tiros al aire en primera instancia y después directo a los estudiantes, quienes intentaron defenderse con palos y piedras. Posteriormente, a la escena se sumó la Policía Ministerial adscrita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero (PGJEG), policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado de Guerrero y grupos antimotín, quienes realizaban detenciones junto con los policías federales y entregaban a los detenidos a la Policía Ministerial.

En los sucesos, tres personas perdieron la vida, los normalistas rurales Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría Huerta, por lesiones de proyectil de armas de fuego disparadas por corporaciones de seguridad, además del empleado de una gasolinera, Gonzalo Rivas Cámara, a consecuencia de las quemaduras que sufrió al intentar sofocar el fuego en una bomba de combustible que incendiaron personas desconocidas.

Como resultado, hubo 24 detenciones (23 hombres y 1 mujer), de los cuales 9 eran estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, trasladados todos a las instalaciones de la PGJEG, donde fueron agredidos físicamente, sin permitirles comunicación ni visitas de familiares, abogadas, abogados o representantes de organizaciones de derechos humanos. Otras 18 personas fueron detenidas por la Policía Federal y trasladadas en autobús al Cuartel Regional Federal de la Policía Federal en Chilpancingo, donde también fueron agredidos físicamente.

Entre los estudiantes detenidos destaca el caso de Gerardo Torres Pérez, de 19 años de edad, alumno de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, a quien se le imputó haber disparado un arma calibre AK 47, con la finalidad de desvirtuar los hechos. Gerardo fue golpeado con violencia en diversas partes del cuerpo, mientras estaba recostado en el piso, por un grupo indeterminado de Policías Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero que llevaba el rostro cubierto; esto ocurrió dentro de las instalaciones centrales de la Procuraduría, desde donde después lo llevaron clandestinamente a un paraje desolado; ahí fue nuevamente golpeado y obligado por medio de amenazas a disparar un arma para autoincriminarse. No obstante, ante la denuncia pública y jurídica de Tlachinollan, el estudiante pudo recuperar su libertad.

El reino de la impunidad en Guerrero

Tras investigar los hechos, el 28 de marzo del 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 1 VG/2012, la primera de esta naturaleza que emitía la CNDH, en uso de la nueva facultad constitucional derivada de la reforma de junio de 2011, que la habilita para conducir investigaciones especiales por graves violaciones a derechos humanos. De acuerdo con la información de la CNDH, participaron en los hechos 239 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y a la Procuraduría General de Justicia, ambas del gobierno del estado de Guerrero; de este total, 91 funcionarios portaban armas de fuego; se comprobó que los manifestantes no portaban armas.

La CNDH señaló en su recomendación que, dadas las evidencias obtenidas, pudo observarse que los cuerpos de seguridad que participaron en los hechos emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego con el objetivo de reprimir la manifestación, sin que existieran evidencias de una debida coordinación ni la utilización de protocolos o lineamientos de actuación antimotines que previnieran la afectación física de las personas que se manifestaban y de terceros ajenos a los hechos. De igual forma, la CNDH observó cómo elementos de la Policía Federal, de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal, respectivamente, profirieron trataron a los detenidos de manera cruel e indigna.

Igualmente, respecto a la tortura de Gerardo Torres, la CNDH concluyó que con base en los estudios practicados a la víctima se concluyó que ésta presentó signos y síntomas positivos de tortura, cometida por los policías ministeriales adscritos a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, quienes tuvieron bajo su resguardo al estudiante. Las investigaciones de estos hechos no se iniciaron por el delito de tortura, al no estar éste tipificado en el Código Penal del Estado, y por ello no se consideró que las intervención de la CNDH fuera prueba suficiente; tampoco se aplicó el Protocolo de Estambul. Adicionalmente, la falta de diligencia del ministerio público y su omisión en el dictado de medidas de seguridad permitió que la víctima recibiera amenazas y presiones para retirar su denuncia contra elementos específicos de la PGJE. Al día de hoy no hay ningún funcionario sancionado por estos hechos.

La PGR centró su investigación en contra de los oficiales locales que liberaron a los estudiantes que fueron detenidos arbitrariamente —y no por los abusos cometidos en detrimento de los manifestantes— estableciendo de esta manera precedentes para la criminalización de los estudiantes.

A más de cuatro años de los hechos, los dos únicos funcionarios públicos acusados penalmente por los homicidios de los dos estudiantes han sido liberados, dejando impunes todos los abusos, incluyendo el de tortura y detenciones arbitrarias.

Por otro lado, la seguridad de las personas y organizaciones que acompañan desde diciembre de 2011 a los normalistas y a sus familias en la búsqueda de justicia se vio amenazada; en ese contexto en mayo de 2013, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, encargado del caso, fue amenazado y, tras hacer un análisis de riesgo, debió salir temporalmente del país.

Antecedentes de otra tragedia

Ante la falta de una investigación adecuada y de la sanción de responsables —a pesar de la existencia de pruebas que dan cuenta de las violaciones ocurridas— los hechos denunciados permanecen en la impunidad. Por ello, las familias de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría Huerta y Gerardo Torres —acompañados por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón —ambas integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos—, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) decidieron presentar una petición individual contra el Estado mexicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el pasado diciembre de 2015, que se encuentra en trámite.

Las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra los estudiantes de Ayotzinapa en 2011 es un caso ilustrativo de cómo la impunidad alienta a que las violaciones se multipliquen. Si estos hechos hubieran sido diligentemente investigados y sancionados, y si se hubieran tomado medidas de no repetición, sin duda las fuerzas de seguridad se habrían detenido antes de disparar contra estudiantes de la misma escuela el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y quizá no se hubiera detonado la tragedia de esa noche con la desaparición de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de Julio Cesar Ramírez, Julio Cesar Mondragón y Daniel Solís.

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