Descripción General

Apatzingán

Autor: Laura Castellanos (@lcastellanosmx)

La madrugada y la mañana del 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán, elementos de la Policía Federal participaron en dos sucesos secuenciales en los que se cometieron golpizas, detenciones ilegales y por lo menos 16 ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes o testigos registrados por la reportera que escribe esta nota (información disponible en: aristeguinoticias.com/1904/mexico/fueron-los-federales/).

En el primer suceso intervinieron, además, entre 100 y 110 elementos del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar (correspondiente a Michoacán), según lo establece la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-III/008/2015 (información disponible en: aristeguinoticias.com/2405/mexico/apatzingan-tambien-fueron-los-militares/).

Este caso marca un grado de máxima impunidad del proceder de agentes del Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La masacre no aconteció en un paraje solitario y oscuro. El primer suceso tuvo lugar en la plaza central de Apatzingán, durante la venta nocturna de juguetes del Día de Reyes, y el segundo ocurrió a la luz del día, en una de las principales avenidas de la ciudad, ante vecinos y transeúntes.

Según narraron los civiles, el primer hecho acaeció a las 2:30 am, cuando policías federales atacaron el plantón de un centenar de integrantes de la Fuerza Rural y autodefensas apostados con palos a las afueras del palacio municipal de Apatzingán. Estos policías eran parte del grupo G-250, creado por Alfredo Castillo, designado en 2014 titular de la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán”, y cuyo objetivo en ese momento era capturar a Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder del cártel de los Caballeros Templarios, en la sierra.

Al G-250 lo lideraba Nicolás Santana, El Gordo Coruco, la cabeza del grupo de los siete hermanos conocidos como Los Viagra. Aunque era señalado como productor de metanfetaminas en Tierra Caliente, Alfredo Castillo, que actualmente es titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), lo hizo responsable operativo de los grupos de autodefensas y elementos de la Fuerza Rural de distintos municipios, la gran mayoría ajenos a Los Viagra.

Los manifestantes protestaban porque tres semanas antes Castillo había disuelto al G-250 sin que se aprehendiera a La Tuta y pese a las denuncias de nuevas irrupciones del cártel en la zona.

De acuerdo con testimonios, la madrugada del 6 de enero policías federales y militares realizaron una operación de pinza contra el plantón. Irrumpieron disparando y, aunque seis de los civiles llevaban armas cortas, no las usaron en obediencia a las órdenes del Gordo de no caer en provocaciones.

Los inconformes dicen que policías federales ejecutaron a por lo menos dos personas, a quienes forzaron a hincarse y poner los brazos en alto; que a otro más que estaba en su camioneta lo asfixiaron, tiraron su cuerpo en la calle y le pasaron su propio auto por encima; que en la balacera murieron dos o tres niñas, una de ellas de dos años, y que policías y militares detuvieron a 44 personas, a muchas de las cuales propinaron golpizas, entre ellas una mujer embarazada. Precisan que 19 de las personas detenidas eran ajenas al plantón, entre éstas, una joven con retraso mental.

El segundo suceso ocurrió a las 7:45 am, cuando los policías federales trasladaban una treintena de camionetas de los manifestantes, que fueron baleadas durante el ataque, para llevarlas al corralón. Sobrevivientes del primer suceso avisaron por teléfono a familiares y simpatizantes, la mayoría cortadores de limón, que en la caravana los policías llevaban a gente herida que gritaba pidiendo ayuda. Los policías enfilaron por avenida Constitución. En el cruce con Plutarco Elías Calles, decenas de civiles armados con palos les dieron alcance.

Testigos relatan que los policías respondieron disparando armas de grueso calibre contra civiles desarmados, durante 20 minutos; que después, policías federales se acercaron a los heridos para rematarlos; que a otros civiles los hicieron hincarse, alzar las manos y los ejecutaron; que se llevaron los cuerpos en sus patrullas.

Los cadáveres de algunas víctimas quedaron con los cráneos destrozados y los sesos expuestos.

La versión oficial que ofreció Castillo es que en el primer suceso hubo un enfrentamiento. Y que el segundo se trató de fuego cruzado entre civiles. El saldo oficial fue de nueve muertos, entre ellos, dos mujeres y un atropellado por sus propios compañeros.

Ningún cadáver se llevó al Servicio Médico Forense (Semefo) de Apatzingán. Un trabajador dijo a la reportera que en el espacio cabían 10 cadáveres y no habría cupo “porque eran bastantes”. Seis actas de defunción de las víctimas demuestran que los cuerpos se llevaron a tres ciudades distintas, a dos o tres horas de distancia de Apatzingán: Morelia, Zamora y Lázaro Cárdenas.

El 25 de noviembre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió su informe del caso en el que registró que hubo una ejecución extrajudicial, cinco “privaciones de vida”, cuatro muertes más en “enfrentamiento” y 21 heridos. No reconoció que hubo tiros de gracia, aunque uno de los cuerpos presentaba 27 balazos en el cuerpo, otro más 14 y los demás un promedio de siete lesiones de proyectil (información disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_003.pdf).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano medidas cautelares en favor de un joven sobreviviente, las cuales se han cumplido parcialmente. Ninguna organización civil de derechos humanos da protección a los sobrevivientes de la masacre de Apatzingán, aunque familiares de las víctimas han denunciado encarcelamientos ilegales y torturas (información disponible en aristeguinoticias.com/1708/mexico/masacre-de-apatzingan-los-desplazados-de-castillo/).

Para abril de 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) no había rendido informes sobre sus investigaciones. Tampoco hay un solo detenido. La masacre permanece en la completa impunidad.

¿Qué es el derecho de acceso a la información?

La siguiente base de datos en formato excel contiene las solicitudes de acceso a la información relacionadas con el caso Apatzingán. La base de datos se obtuvo de los registros que alberga la Plataforma Nacional de Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/) a través de una búsqueda con los siguientes criterios: 1) Palabra clave “Apatzingán”, 2) Periodo de búsqueda: Del 12 de junio de 2003 al 15 de marzo de 2022.